El 15M Acampada Salamanca convoca manifestación contra la corrupción urbanística y por el derecho a la vivienda tras una semana acampados en la Plaza Mayor.

• Los actos reivindicativos de la acampada en la Plaza Mayor finalizarán con una manifestación por las calles de Salamanca a partir de las 18:30h desde la misma Plaza. El movimiento se suma así a la convocatoria realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en toda España.
• La dación en pago retroactiva y el alquiler social son las reivindicaciones principales, junto con la introducción de una cláusula de equidad en la ley hipotecaria, el aumento de la seguridad jurídica de los arrendamientos o una mejora en la regulación de los incentivos fiscales al alquiler y las viviendas vacías.
• La transparencia y responsabilidad personal de los políticos, la reforma de la contratación pública y del régimen del suelo, son algunas de las medidas urgentes para paliar la corrupción urbanística.

En la última semana de las actividades del 15M en la Plaza Mayor centenares de personas se han acercado a nuestro punto de información manifestándonos su apoyo. Además les hemos podido informar de nuestras reivindicaciones principales, nuestras actividades y en especial de la manifestación convocada por la PAH para este domingo 25 de Septiembre.

Así pues, desde el 15M Acampada Salamanca convocamos en nuestra ciudad a los ciudadanos, a las 18:30 h en la Plaza Mayor, en defensa del derecho fundamental a la vivienda, y en protesta por la corrupción urbanística. Creemos que la podredumbre del sistema político y económico de nuestro país tiene una de sus raíces fundamentales en la especulación inmobiliaria, con la consecuente subida de los precios y el aumento desorbitado de la corrupción de políticos y administraciones, a manos de banqueros y constructores, los máximos beneficiarios del “milagro económico español”.

Hemos de recordar que mientras en este país se construían viviendas a un ritmo superior a cualquier necesidad real, millones de jóvenes vivían con sus familiares hasta los 40 y cientos de miles de familias debían recurrir a los servicios sociales, por falta de recursos suficientes para acceder a un derecho constitucional, que nosotros consideramos fundamental: la vivienda. La situación actual es todavía más dramática en cuanto la crisis precisamente afecta a los más desfavorecidos. Es especialmente indignante esta situación en cuanto el art. 47 de nuestra Carta Magna especifica claramente que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. ”.

Es clarividente que los poderes públicos han incumplido claramente las obligaciones emanadas de la Constitución. Se producen más de 300 desahucios al año, según datos del CGPJ y es obvio que la especulación no sólo no se ha impedido si no que incluso se ha alentado, al ser ésta la principal fuente de financiación de los entes locales. Es más, no nos equivocamos si decimos que “achacamos buena parte de los graves problemas de corrupción de nuestro país al triángulo formado por promotores inmobiliarios, entidades bancarias y políticos locales con competencias urbanísticas que, junto con el amparo de medios de comunicación afines, han colocado a nuestra democracia y nuestro Estado en verdadero estado de emergencia y crisis nacional”.

No ha habido un momento en nuestra reciente historia democrática, desde el final del felipismo, con mayor deslegitimación de los políticos y del sistema económico. El pelotazo urbanístico ha sido la moda y la mordaza que los medios de comunicación no podían denunciar, puesto que sirven a los propios dueños del ladrillo. Esa es la terrible realidad que nosotros denunciamos.

Así pues, además de exigir el cumplimiento de la ley y la Constitución también proponemos soluciones. El 15M, desde sus inicios, ha trabajado en varias líneas de acción:

1. Paralización y retardo de los lanzamientos o “desahucios”. Esta acción ha tenido el efecto de retardar la salida de la vivienda de aquellas personas sin recursos y especialmente ha servido para llegar al gran público y los políticos y poner encima de la mesa la tragedia que están sufriendo cientos de miles de familias, especialmente de los colectivos más marginados, como los inmigrantes.
2. Asesoramiento de los afectados y renegociación con las entidades bancarias. Esta función la están llevando a cabo numerosas organizaciones, entre las que ha destacado principalmente la PAH.
3. Acciones legales contra las entidades bancarias, las tasadoras, etc. La trampa del sistema es bien conocida: la sobrevaloración de las viviendas para pasar los filtros legales de riesgos admisibles.
4. Movilizaciones en favor de determinadas propuestas de reformas legales que mejoran la situación actual de grave carencia.

Es en este último punto donde los indignados de Salamanca, acampados contra estas injusticias, desde la Plaza de la Constitución, debatimos las numerosas propuestas que parados, estudiantes, profesores universitarios y numerosos ciudadanos anónimos de Salamanca fueron aportando durante aquellos días de Mayo donde la Plaza se convirtió en un auténtico parlamento popular. Estas propuestas fueron debatidas, rechazas, redebatidas y finalmente aprobadas en varias asambleas generales, de gran participación, donde se llegó al siguiente consenso:

1. Dación en pago retroactiva. Generalización de la entrega de las viviendas para cancelar las hipotecas ya constituidas.
   Esta medida permitiría a la persona cuya garantía hipotecaria vaya a ser ejecutada la entrega de la vivienda, extinguiéndose la obligación de pago del dinero tomado en préstamo , al igual que existe en otros países, como EEUU.

2. Introducción de una cláusula de equidad en la ley hipotecaria. Supondría dar capacidad al poder judicial para dar base legal a la más progresista jurisprudencia en la materia, pudiendo acudir a la responsabilidad personal y económica de los administradores y dueños de entidades de crédito por las negligentes tasaciones que han realizado de los inmuebles en los últimos años, en perjuicio del consumidor.
   Esta medida resultaría en la posibilidad de no entregar la casa pero conseguir la condonación parcial o total del préstamo, según la culpa de cada uno de los implicados, el comprador, el vendedor, el banco, tasadores, inmobiliarias, etc.
3. Puesta en el mercado en régimen de alquiler social de las viviendas en propiedad de las entidades de crédito intervenidas que no se hayan vendido y se encuentran vacías.
   Esta propuesta posibilitaría que las viviendas en propiedad de las Cajas intervenidas (Caja Castilla La Mancha, Caja Sur y la CAM) pasarían a manos de la Agencia pública correspondiente y se pusieran a disposición de las personas necesitadas a través de una solicitud, a través de un régimen de alquiler barato.
4. Aumento de la presión fiscal a las viviendas desocupadas, y de forma proporcional al nº de viviendas acumuladas y tiempo de desocupación. Existen numerosas constructoras y entidades de crédito, así como especuladores, que actualmente retienen en propiedad numerosas viviendas que se encuentran vacías o desocupadas. La idea es, respetando su derecho de propiedad, cargarles impuestos en función del no de viviendas y el tiempo de desocupación para así incentivar que sean alquiladas a precios bajos.
5. Mayor control legal y seguridad jurídica respecto a incumplimientos de contrato por parte de arrendatario.
   Existen numerosísimas personas que mantienen en propiedad viviendas vacías por la inseguridad en los cobros y en el mantenimiento en estado adecuado de sus casas, porque es muy costoso el exigir los posibles daños ocasionados. Esto nos diferencia claramente del resto de Europa, donde la seguridad jurídica de los propietarios es muy superior, y donde el alquiler es una opción rentable y segura para el arrendador. Esta mejora de la seguridad jurídica aumentaría enormemente el nº de viviendas que se ofrecerían y por tanto también bajaría el precio de los alquileres.
6. Ampliación del régimen especial fiscal para arrendatarios y arrendadores actualmente existente sólo para jóvenes a todas las personas de rentas bajas.
   Esta medida posibilitaría obtener gran información sobre el parque de viviendas dadas en alquiler, incentivaría los mismos por la menor presión fiscal al propietario y además haría aflorar numerosos contratos de alquiler, actualmente verbales, que se formalizarían, pudiendo aplicar la regulación arrendaticia, con su régimen de deberes y derechos, en toda su extensión.
7. Aumento de las ayudas alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos. Este aumento del presupuesto en este tipo de líneas de ayuda se lograría gracias al incremento de los impuestos directos a la renta y los impuestos especiales a las viviendas vacías.

Además de estas propuestas de reforma legal, que atacarían el serio problema de vivienda en este país también proponemos reformas del sistema institucional que favorecían la disminución de la corrupción urbanística.

1. Transparencia política. Es necesaria la urgente tramitación y aprobación de una ley de acceso a la información, que cumpla los 10 principios mínimos que la Coalicion Proacceso ha recogido del Derecho comparado. Así mismo es urgente la introducción de los portales electrónicos de información pública, donde toda la información acerca de la gestión política y económica podría consultarse semana a semana, como por ejemplo la ejecución del presupuesto, las recalificaciones urbanísticas o las adjudicaciones de contratos públicos.
2. Reforma de la Ley de Contratos públicos. En la actualidad la regulación actual es obsoleta y favorece la contratación fraudulenta, es necesario reducir las cuantías en los contratos menores (aquellos que se pueden conceder directamente sin licitación) y recoger la obligatoriedad de las figuras electrónicas de contratación, así como la reducción del poder de los cargos políticos en la capacidad de compra de la Administración, mediante juntas y comisiones técnicas de contratación.
   Es necesario aumentar competitividad y transparencia de las licitaciones, evitando el actual proceder de nuestra Administración, condenada por la UE numerosas veces por vulnerar la normativa de contratación pública europea.
3. Reforma de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Son necesarias reformas que incluyan la responsabilidad personal de funcionarios y políticos para incentivar el cumplimiento estricto de la legalidad, ya que actualmente la impunidad es absoluta, como el Tribunal de Cuentas nos recuerda en sus informes periódicos. Así mismos es necesario limitar los recursos administrativos para poder acudir a la vía judicial lo antes posible, dada su independencia.
4. Reforma de la Ley del Suelo. Requerimos medidas consensuadas entre especialistas y partidos políticos para una correcta planificación de la gestión del suelo, que impida la ineficiente e injusta situación actual.

Creemos firmemente que estas reivindicaciones son justas y cumplirían eficaz y eficientemente los objetivos propuestos de mejora de acceso a la vivienda por los menos favorecidos y de lucha contra la corrupción, especialmente la urbanística.

Portavoz para esta actividad:

Gabriel: 647 58 40 94